La actual crisis financiera está obligando a las empresas a constreñir el crédito, hasta que queden asegurados los capitales que se invirtieron en la financiación de bienes y servicios o entregados como créditos personales durante la etapa anterior.
A partir de ahora, los créditos serán gestionados con criterios más rigurosos y ajustados al riesgo real de los clientes, evitando en lo posible la utilización de criterios puramente comerciales, lo que implica que las entidades, en estos momentos, deberían estar preocupadas por mejorar sus actuales sistemas de valoración de los riesgos, preparándose así para el escenario operativo que se avecina.
La crisis y el consiguiente incremento de la morosidad, han demostrado a las empresas la importancia de tener establecida una buena política de “credit management”, que interrelacione de forma inteligente las políticas de gestión del riesgo y las políticas de gestión del cobro, lo que implica el establecimiento previo de un sistema eficiente de “conocimiento del cliente”, que pasa por la perfecta identificación del mismo, la verificación de los datos que aporta, y la utilización de buenas herramientas de “credit scoring” para ponderar su solvencia.
Conocer a nuestros clientes constituye la función fundamental, tanto de los departamentos de prevención del fraude, como de los departamentos de prevención del blanqueo, éstos últimos por exigencia legal de colaboración con las Autoridades para la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y los primeros por exigencia vital de supervivencia de la propia empresa.
Es sobre este concepto del “conocimiento verificado del cliente” sobre el que se pueden fundamentar posteriormente las políticas de “credit scoring” y de “credit management”.
Tanto para la prevención del fraude, como para la prevención del blanqueo, las empresas financieras cada vez más se están ayudando de empresas especializadas, externalizando para ello muchos de sus procesos.
Para la prevención del fraude esta ayuda se concreta a través de empresas que facilitan la compartición de datos positivos y negativos, o que trabajan verificando los datos que aportan los clientes cuando inician la relación de negocio con las entidades financieras.
Para la prevención del blanqueo, la propia Ley 10/2010 en su artículo 8, explica la forma en que las empresas (sujetos obligados) pueden utilizar a terceros para la aplicación de las medidas de diligencia debida.
La externalización también se manifiesta en los procesos de recuperación de los créditos, en donde estamos viendo florecer empresas cada vez más profesionalizadas que permiten aliviar las costosas estructuras internas de recuperación de deudas.
Esta complejidad operativa es la que justifica que dentro de la Comisión para la Prevención del Fraude de ASNEF, exista una composición tan variada de representantes empresariales: Auditores, Analistas de Riesgos, Responsables de Recuperaciones, Directores de Seguridad, Responsables de Departamentos de Prevención del Fraude, Representantes de Asesorías Jurídicas, Representantes de empresas especializadas en recuperación de deudas adheridas a la Asociación y que trabajan para nuestras entidades, etc.
Por todo ello, tiene sentido que desde el Servicio de Prevención del fraude abordemos también los problemas operativos de la morosidad, como el que se propone en el título de este documento: “LA MOROSIDAD DELIBERADA”
Durante el proceso que actualmente están viviendo las empresas de recuperación urgente de los capitales invertidos en la financiación, están aflorando los graves problemas derivados de la morosidad sobrevenida por el enfriamiento de la economía, y uno de ellos es la diferenciación entre morosidad y fraude.
Para clarificar esta materia resulta conveniente analizar lo que defino en este documento como morosidad deliberada, que es la que practican aquellos deudores que nunca quisieron pagar sus deudas y ahora pretenden refugiarse en la mala situación económica general para justificar aquella decisión.
La morosidad deliberada es, por tanto, una modalidad de fraude difícil de probar, pero que puede esclarecerse más fácilmente mediante la colaboración entre las propias entidades perjudicadas, incluyendo en esta colaboración a las empresas externas que están especializadas en la recuperación de deudas, y que trabajan para las entidades financieras.
En la recuperación de las deudas existen tres tipos de morosidad:
- La morosidad sobrevenida
- La morosidad deliberada
- La morosidad que termina siendo clasificada como fraude.
A cada uno de estos tipos de morosidad se les suele aplicar una técnica diferente desde los departamentos de recuperaciones o desde las empresas externas especializadas:
- Para la morosidad sobrevenida se aplican las técnicas clásicas de negociación con el cliente, que tratan de ponerse en el lugar del moroso y de esta manera buscan una salida beneficiosa tanto para el cliente como para empresa acreedora.
- Para morosidad deliberada hay que utilizar técnicas basadas en lo que denomino en este documento como “Reclamación fundamentada” y que explicaré posteriormente.
- Para la morosidad fraudulenta sólo cabe la denuncia por fraude, que considero muy rentable desde el punto de vista de la prevención del fraude y que animo a que se convierta en un nuevo servicio ofrecido a sus clientes por las empresas especializadas en recuperación de deuda, al ser ellas las que trabajan para varias entidades al mismo tiempo y las que tienen capacidad de encontrar los delitos conexos producidos por los mismos autores contra varias entidades diferentes. Este servicio requiere una técnica de investigación y presentación de denuncia muy cercana a la investigación patrimonial o al trabajo de los detectives contemplado en nuestra legislación sobre seguridad privada.
Los morosos deliberados, al utilizar su propia identidad durante una primera etapa defraudadora, suelen tener una vida financiera relativamente efímera por la existencia de los ficheros de solvencia, aunque esta etapa suele ser muy dañosa para las empresas.
Suelen alargar su actividad de morosos deliberados, manipulando para cada nueva operación sus propios datos de identidad y solvencia; esta es una de las razones que nos invitan a avanzar en sistemas compartidos para la prevención del fraude desde el mismo momento de la solicitud de los créditos y las operaciones, utilizando para ello el camino legal establecido de obtención del CONSENTIMIENTO como requisito normal para establecer cualquier relación de negocio.
Cuando finalmente los morosos deliberados son rechazados del sistema, es cuando inician una etapa delictiva mucho más peligrosa y sofisticada en base a la experiencia adquirida en su etapa anterior, y para ello utilizan identidades verdaderas de personas marginales a las que pagan una pequeña cantidad para que les permitan utilizar sus datos verdaderos, o utilizan identidades suplantadas que obtienen a través del robo de documentaciones o mediante la compra en el mercado negro de documentos de identidad perdidos o sustraídos. Sobres estas identidades suplantadas, o verdaderas pero pertenecientes a personas marginales, se crean solvencias falsas mediante la falsificación de documentos de solvencia: nóminas, justificantes de la seguridad social, escrituras, impuestos de la renta, etc.
Aunque los morosos deliberados expulsados del sistema suelen causar mucho fraude pero que es perfectamente controlable, no son el grupo más peligroso para la prevención del fraude financiero. El verdadero peligro reside en los grupos de delincuencia organizada especializados en la falsificación documental de identidades y solvencias, o que trabajan a través de Internet, puesto que tienen conocimientos y herramientas mucho más sofisticadas para su actividad delictiva.
En el caso de los morosos deliberados, se comprende fácilmente que no resulta efectiva la técnica clásica de la negociación, sino que hay que aplicarles la técnica de la “Reclamación fundamentada”, que las entidades han de iniciar mediante una investigación patrimonial del moroso, con el fin de encontrarle los bienes ocultos con los que puedan recuperar la deuda. Esta información estratégica en poder de la empresa acreedora, será el “fundamento” que permitirá el éxito de la reclamación. Este es un servicio que se puede contratar externamente y que puede ser muy rentable para las empresas acreedoras.
Los morosos deliberados normalmente tienen una buena posición económica oculta, que la entidad, o la empresa de investigación que trabaje para ella, podrían hacer aflorar mediante las técnicas de investigación patrimonial, para las que resulta necesaria una formación adecuada de los investigadores y plataformas tecnológicas de acceso a la información y análisis de la misma.
Una vez conocido el patrimonio oculto del moroso, la reclamación fundamentada consiste en hacerle partícipe de aquella parte de la información obtenida que sea suficiente para saldar la deuda, haciéndole saber al mismo tiempo que la entidad acreedora están obteniendo indicios que podrían probar que su morosidad no es sobrevenida sino fraudulenta.
Cuando con la reclamación fundamentada no se obtiene la recuperación de la deuda, o cuando se demuestre fehacientemente que el moroso ha actuado de forma fraudulenta, sólo cabe reunir todos los indicios y pruebas conseguidas y proceder a efectuar la denuncia por fraude. En este caso podrían integrarse en un solo atestado las denuncias de todas las entidades perjudicadas, tal como expliqué al hablar del fraude escondido en la morosidad.
Una política firme de las empresas contra los morosos deliberados, tal como la practican las empresas de muchos países anglosajones, es una buena política de prevención del fraude a medio y largo plazo, que puede ahorrar mucho dinero a las entidades financieras que la practiquen, aunque parezca costosa en el corto plazo, porque no hay mejor reclamo para la defraudación que el que los delincuentes constaten e identifiquen a las empresas que actúan pasivamente frente al fraude consumado, y se limitan a esconderlo dentro de la morosidad.
La prevención del fraude no sólo tiene como objeto evitar el fraude antes de que éste se produzca, sino reaccionar frente al fraude ya consumado, porque también se considera prevención la limpieza de delincuentes del sistema y la ejemplaridad que supone esta política para la seguridad del mismo.
Responsable del Servicio
